The Whistleblower, retitulada “La verdad oculta” pero literalmente “la delatora”, es un cuasi-thriller policíaco ambientado en la Bosnia y Herzegovina de finales de los años 90. Una película de conspiraciones, malos malísimos y una heroína, Kathryn Bolkovac, que se enfrenta a miembros de la ONU por hacer pública una dolorosa verdad: que los ‘internacionales’ participan en redes de explotación y tráfico de mujeres. Una historia doblemente terrible porque es real, y porque con otros escenarios y otros protagonistas no deja de repetirse en la actualidad.

Cartel promocional utilizado en algunos países de Latinoamérica.

Rachel Weisz, Monica Bellucci y Vanessa Redgrave son las caras conocidas que dan visibilidad comercial al film, el primer largometraje de la directora Larysa Kondracki. Weisz convence en su interpretación de la policía norteamericana Kathryn Bolkovac, quien en 1999 fue contratada por una empresa privada para trabajar en la fuerza internacional de policía de la ONU en Bosnia y Herzegovina. Allí se hace cargo de la oficina de género, desde la que investiga casos de tráfico de mujeres del Este de Europa. Con horror descubre que sus compañeros de la comunidad internacional no sólo son clientes habituales de los prostíbulos, sino que participan activamente en las redes de tráfico de seres humanos.

La película narra los pormenores de la investigación que realizó Bolkovac, y denuncia con eficacia la doble moral que en ocasiones reina en estas organizaciones internacionales. También condena el oportunismo criminal de aquellos trabajadores internacionales que, escudándose en la inmunidad de su estatus y en el anonimato del extranjero, se comportan como nunca lo harían en su país. Es un film duro pero interesante, que cabalga en un ritmo de thriller muy apropiado que consigue atrapar con facilidad.

La valiente denuncia de Kathryn Bolkovac provocó un escándalo mediático que creció con rapidez al dar repercusión pública a situaciones similares. Como consecuencia el Secretario General Kofi Annan publicó un Boletín titulado “Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales”, que fue acompañado por la creación de una Task Force específica contra los abusos por parte de los funcionarios de la ONU y demás personal.

Naciones Unidas ha implantado una política de “tolerancia cero” respecto al comportamiento de su personal, que incluye la prohibición del “intercambio de dinero, empleos, bienes o servicios por sexo”. El problema es que la ONU no tiene capacidad para hacer castigar a los infractores más allá de la sanción administrativa, o como máximo con el despido. El Estado del que sea nacional el individuo es el único que puede iniciar medidas penales, pues el personal de la ONU goza de inmunidad y no puede ser juzgado en el país donde se encuentra en misión. Aunque la tolerancia cero es aplicada por Naciones Unidas, que repatría a quienes se demuestra que han cometido abusos, no suele trascender que después se les juzgue ni que cumplan condenas.

Lo más escalofriante es que probablemente tan sólo conocemos la punta del iceberg, y que el miedo de las víctimas impide la mayoría de las veces la denuncia de los abusos. “Nadie a quien dirigirse” es el título de un informe de la rama británica de Save the Children, en el que se denuncia la dimensión de los abusos a menores por personal internacional, y condena la total y absoluta indefensión de estas niñas y niños.

La ONU debe presionar para que la política de “tolerancia cero” sea asumida y puesta en práctica de forma firme por los Estados miembros. Esta política no será efectiva mientras el único castigo seguro para los proxenetas, agresores y abusadores sea un billete de vuelta a casa. Pero lo cierto es que la ONU tiene poca capacidad para tomar cartas reales en el asunto, y mucha dependencia de las aportaciones voluntarias de sus países miembros para mantener a más de 120.000 individuos en 16 misiones. A la ONU no le conviene incomodar demasiado a un Estado que aporta tropas, exigiendo que juzgue a los criminales. Este papel parece por tanto reservado a la opinión pública de esos propios Estados, y que, sensibilizada con la cuestión, reclame el esclarecimiento de los hechos y exija responsabilidades penales si se demostraran los abusos.

Sin duda este es el gran mérito de esta película, que contando de forma ágil la historia, y sin ser más escabrosa de lo estrictamente necesario te posiciona de forma inexcusable del lado de la víctima, y firme en la exigencia irrenunciable de castigar al agresor. Es una cinta que ayuda a crear ciudadanía y a exigir responsabilidad a los Estados, un film que, esperemos, contribuirá al triunfo de la tolerancia cero real frente a la explotación y los abusos sexuales cometidos por el personal internacional.

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La película ha sido estrenada este verano en varios países pero todavía no está confirmada su proyección en España.

El guión mantiene los nombres reales de Kathryn Bolkovac y de Madeleine Rees, que fue la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Bosnia y Herzegovina (interpretada por Vanessa Redgrave). Se alteran en cambio los nombres de otros implicados, como la compañía de servicios militares subcontratada por EE UU y para la que trabaja Bolkovac, DynCorp, que pasa a llamarse Democra, o la Organización Internacional de las Migraciones para la que trabaja una gélida Monica Bellucci es llamada Global Desplacement Agency.

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Para saber más: Imprescindible el artículo del Washington Post (mayo de 2001) sobre la repercusión del escándalo. Artículo de Foreign Policy (sept 2011) sobre la expulsión reciente de la ONU de la que fue la jefa y cómplice de Bolkovac en Bosnia, Madeleine Rees.

Además del informe de Save the Children (de 2008), hay dos informes del año 2002 dedicados a destapar la trata de mujeres hacia Bosnia y Herzegovina para utilizarlas como esclavas sexuales. En ellos se menciona la participación de miembros de los cuerpos policiales españoles:  International Crisis Group (mayo de 2002), y Human Rights Watch (noviembre 2002).